El pasado 29 de junio, el pleno del Congreso Nacional de Honduras, aprobó un nuevo Código Penal. Desde hace 33 años que el país se regía bajo un Código Penal descontextualizado a la realidad actual; sin embargo, dicho Código ha sido altamente señalado por las organizaciones populares y sociales del país, al poner en peligro los derechos humanos, especialmente vulnerando los derechos fundamentales de defensores sociales y las mujeres y niñas.
En este código penal, al igual que en el anterior, se sostiene la penalización completa del aborto, esto a pesar de que desde el 2016, cuando se comenzó la discusión en esta instancia legislativa diversas organizaciones de mujeres y feminista lanzaron sus alarmas y solicitaron mediante varias vías que se escucharan sus exigencias. Sin embargo, el pleno hizo caso omiso a las múltiples demandas y no tomó en consideración la realidad tenebrosa que atraviesan las mujeres y niñas en el país en torno a la vulneración del derecho a decidir.
La plataforma Somos Muchas, integrada por organizaciones de mujeres y feministas de todo el país desde el 2017 emprendió una lucha a favor del aborto por la salud y la vida de las mujeres; realizó diversas campañas, diálogos, investigaciones y aproximaciones con los y las tomadores de decisión desde un sustento científico para exigir la despenalización del aborto bajo las tres causales universales, que son: cuando el embarazo es resultado de una violación sexual, cuando el desarrollo del embarazo pone en riesgo la vida de la madre y cuando existe incompatibilidad con la vida extrauterina, es decir, al termino el embarazo, cuando el producto genético se convierta en feto, y al nacer se convierta en neonato, este no podrá vivir.
En este contexto social en el que viven las mujeres, donde no existe acceso a la educación sexual integral, donde los sistemas de salud públicos están colapsados y los protocolos de atención a víctimas de agresiones sexuales no incluyen la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE), prohibida desde el 2009, aun teniendo en el país índices altos de agresión sexual y de partos infantiles, mantener esta decisión es condenar a las mujeres y niñas a la desprotección Estatal, a mayor vulnerabilidad y condiciones de tortura.
Recordamos que acceder a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad e integral es un derecho humano, negar la PAE, el aborto y la Educación Sexual Integral (ESI) es una clara violación a nuestros derechos y tratados internacionales a los que Honduras se ha suscrito.